Diario Primera Edición - Miércoles 31 de Enero de 2007
La Nación intervino por denuncias de “aprietes” con planes sociales
Ya ascienden a 200 los beneficiarios que dieron cuenta de sospechosas caídas • Ripoll teme que se manipulen los listados • Para Buenos Aires, los planes no cayeron •
POSADAS. La sospecha sobrevino tras la denuncia verbal de decenas de beneficiarios que se acercaron a la Cámara de Diputados para plantear sus inquietudes: aseguraron que algunos planes sociales habían caído -o al menos no fueron percibidos por uno o dos meses- casualmente para quienes de alguna manera estuvieron trabajando para el Frente Unidos por la Dignidad (FUD) en la campaña por el No a la reelección indefinida.
Los diputados Blanca Acosta (PJ) y Luis Armando Ripoll (Frente Justicialista para la Victoria) se hicieron eco de la inquietud, y el viernes tuvieron respuestas desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, organismo al cual le pidieron la intervención para clarificar lo que a todas luces parecía un “apriete” político para con los sectores más vulnerables de la población.
Según detallaron los legisladores, desde la cartera social nacional apuntaron que hubo un cambio de entidad bancaria pagadora para la gran mayoría de beneficiarios de Misiones, que antes se dirigían al Banco Nación y ahora deben percibir el beneficio en el Banco Macro, pero que este cambio “no determinó la caída de los planes, por lo que los beneficiarios igual deberían haber cobrado”.
Pese a esto, al menos 200 beneficiarios aseguran que sus haberes no estuvieron disponibles en los meses de noviembre, diciembre y enero.
Dependen del “listado”
Más allá de esto, y según puntualizó Ripoll, hay gran preocupación porque pese a la universalidad del cobro con tarjetas magnéticas que se impulsó para evitar “manoseos e irregularidades”, hay un determinado grupo de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar que aún no está bancarizado, y sigue dependiendo de los famosos “listados” que manejan en forma directa algunas municipalidades y entidades sociales administradoras de los programas.
“Lo que nos preocupa es que esta gente que dice no haber tenido su dinero durante noviembre, diciembre y enero porque no estaban en las planillas, en realidad debió cobrar, porque los fondos fueron acreditados convenientemente, según nos informaron desde Desarrollo Social de la Nación”, explicó Ripoll.
Esta situación poco clara “es la que nos llevó a pedirle a la Nación que baje a Misiones a hacer una auditoría ‘in situ’, porque resulta que los que manejan esas planillas todavía pueden manipular el beneficio, y tememos que esta situación se preste a que algún puntero pueda hacerse de los dineros que les corresponde a las familias más humildes”.
De hecho, “no se cortó el beneficio pero la gente no cobró, y no queremos pensar que son aprietes políticos o lo que es peor, chantas que manipulan los planes en beneficio propio y de alguna manera se quedan con el dinero”, remató.
POSADAS. La sospecha sobrevino tras la denuncia verbal de decenas de beneficiarios que se acercaron a la Cámara de Diputados para plantear sus inquietudes: aseguraron que algunos planes sociales habían caído -o al menos no fueron percibidos por uno o dos meses- casualmente para quienes de alguna manera estuvieron trabajando para el Frente Unidos por la Dignidad (FUD) en la campaña por el No a la reelección indefinida.
Los diputados Blanca Acosta (PJ) y Luis Armando Ripoll (Frente Justicialista para la Victoria) se hicieron eco de la inquietud, y el viernes tuvieron respuestas desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, organismo al cual le pidieron la intervención para clarificar lo que a todas luces parecía un “apriete” político para con los sectores más vulnerables de la población.
Según detallaron los legisladores, desde la cartera social nacional apuntaron que hubo un cambio de entidad bancaria pagadora para la gran mayoría de beneficiarios de Misiones, que antes se dirigían al Banco Nación y ahora deben percibir el beneficio en el Banco Macro, pero que este cambio “no determinó la caída de los planes, por lo que los beneficiarios igual deberían haber cobrado”.
Pese a esto, al menos 200 beneficiarios aseguran que sus haberes no estuvieron disponibles en los meses de noviembre, diciembre y enero.
Dependen del “listado”
Más allá de esto, y según puntualizó Ripoll, hay gran preocupación porque pese a la universalidad del cobro con tarjetas magnéticas que se impulsó para evitar “manoseos e irregularidades”, hay un determinado grupo de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar que aún no está bancarizado, y sigue dependiendo de los famosos “listados” que manejan en forma directa algunas municipalidades y entidades sociales administradoras de los programas.
“Lo que nos preocupa es que esta gente que dice no haber tenido su dinero durante noviembre, diciembre y enero porque no estaban en las planillas, en realidad debió cobrar, porque los fondos fueron acreditados convenientemente, según nos informaron desde Desarrollo Social de la Nación”, explicó Ripoll.
Esta situación poco clara “es la que nos llevó a pedirle a la Nación que baje a Misiones a hacer una auditoría ‘in situ’, porque resulta que los que manejan esas planillas todavía pueden manipular el beneficio, y tememos que esta situación se preste a que algún puntero pueda hacerse de los dineros que les corresponde a las familias más humildes”.
De hecho, “no se cortó el beneficio pero la gente no cobró, y no queremos pensar que son aprietes políticos o lo que es peor, chantas que manipulan los planes en beneficio propio y de alguna manera se quedan con el dinero”, remató.
No hay comentarios:
Publicar un comentario